El próximo gobierno tendrá que ponerse a derecho con todas las irregularidades señaladas en el informe de la CIDH, porque las obligaciones que emanan de esos órganos seguirán pesando sobre el Estado venezolano.

Cualquier persona que ve atentado sus derechos, incluso no creyendo en la justicia, hace lo imposible por pasar por todas las instancias, porque es la única manera de enseñarle a la gente que existe un camino distinto al camino que se nos ha impuesto.

El escenario político nacional, de cara a las próximas elecciones parlamentarias previstas para el 26 de septiembre, se ha visto alterado en las últimas semanas por una serie de denuncias, acusaciones y señalamientos al gobierno presidido por Hugo Rafael Chávez Frías, por parte de varias instancias internacionales. Uno de ellos lo constituye el reciente informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se establecen una serie de deficiencias, atropellos, censuras, exclusiones y situaciones irregulares que ponen en entredicho la convivencia democrática de los venezolanos, así como la solvencia moral del gobierno de turno.

Sobre este particular, consultamos la opinión del abogado y político venezolano Asdrúbal Aguiar quien dejó claro ante todo que en el deber ser del demócrata, está seguir denunciando, seguir resistiendo y seguir votando como el más fuerte recurso para apostar a una Venezuela mejor.

¿Cuáles serían las implicaciones que tendría para nuestro país el reciente informe emitido por la CIDH y la reacción que ha tenido el gobierno venezolano frente a estos señalamientos?

Cualquier observador serio aprecia que quien no la debe no la teme y la reacción adjetiva, la impermeabilidad ante cualquier tipo de crítica o señalamiento por parte del gobierno del presidente Chávez, lo que hace es  verificar la hipótesis en cuanto a que el gobierno ciertamente se ha convertido en un gobierno forajido.

Aguiar explicó que ciertamente no ha habido disposición alguna por parte del gobierno de investigar absolutamente nada relacionado con el tema de derechos humanos, del narcotráfico, de los vínculos con organizaciones terroristas internacionales, con hechos de corrupción gravísimas que afectan a la Fuerza Armada o a las fuerzas de policiales, “las únicas investigaciones y persecuciones judiciales que tienen lugar en Venezuela hacen alusión con los enemigos del gobierno”.

Desde su punto de vista, el informe de la Comisión tiene la particularidad de no haber sido elaborado arbitraria o unilateralmente por la Comisión, ya que durante años ellos solicitaron visitar al país, justamente para poder entrevistarse con las presuntas víctimas de casos de derechos humanos y con los entes involucrados con el fin de hacer un justo balance en su análisis. Esa es una obligación que tiene la Comisión como órgano de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que es parte Venezuela. Así que cuando la Comisión emite el informe, en el fondo lo hace en la misma situación en la que un juez al emitir un juicio se encuentra con que una de las partes asume una postura de rebeldía.

Pero el gobierno ha argumentado que la presencia del juez Santiago Cantón le resta credibilidad a la CIDH

La razón que esgrime el gobierno es absolutamente insustancial al decir que no pueden darle crédito a un informe emanado de una comisión donde el secretario ejecutivo sea el juez Cantón, es un argumento producto de la misma irresponsabilidad del gobierno y producto también de un gobierno desagradecido, porque el gobierno bien sabe que el juez Santiago Cantón es un secretario administrativo de la comisión y quienes investigan y hacen juicios de valor y establecen decisiones son los comisionados  y ese comiciado, paradójicamente tiene como presidenta a una venezolana que es Patricia Mejía, quien a su vez fue postulada por el gobierno del presidente Chávez ante la asamblea de la OEA para que ella fuese electa como miembro de esa comisión y hoy en día es quien ejerce la presidencia de esa comisión.

Asdrúbal Aguiar recordó que cuando Santiago Cantón se dirigió a Carmona lo hace por una razón elemental; lo hace para preguntar por la vida y la integridad personal de Hugo Chávez Frías, o sea se hizo para proteger al presidente que estaba detenido y esa misma comisión fue la que dictó unas medidas cautelares de protección al gobernador de Anzoátegui, Tareck William Saab. Lo que pasa es que el gobierno aplaude a las instituciones internacionales  cuando dicen algo bueno de ellos, pero cuando en el cumplimiento de sus funciones se les ocurre hacer una observación crítica, entonces son emisarios del departamento de Estado de USA como mínimo.

En cuanto al contenido del informe de la CIDH, Aguiar explica que cualquiera que lea sus 300 páginas, podrá comprobar que simplemente narra hechos que son conocidos por todos los venezolanos, puesto que el incremento de los homicidios, el cierre de 38 emisoras radiales y la televisora RCTV o el hecho de que más de la mitad de los jueces venezolanos son provisorios y que en esas condiciones mal puede un poder judicial ejercer con autonomía, son hechos que no nos sorprende ni se pueden negar.

En todo caso, - agregó el entrevistado - el informe es un enunciado de hechos que todos conocemos donde el gobierno puede tener una valoración de una u otra manera pero que con ello la Comisión le dice al gobierno de Venezuela, mire no lo estamos condenado, simplemente le estamos diciendo cuales son las deficiencias que tiene los estándares democráticos en Venezuela para que usted haga un esfuerzo y se adecúe a lo requerido

.

Por lo demás, ningún dictador latinoamericano ha tenido las expresiones escatológicas que nuestro presidente ha proferido hacia este órgano internacional de los derechos humanos

¿Qué sucedería si el gobierno venezolano decide retirarse de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos?

En primer lugar, eso no es tan fácil, Venezuela puede denunciar la Convención Interamericana, pero vale decir que esa denuncia, o sea, el retiro de la Convención se hace efectiva un año después, esto significa que todos los casos que hayan ocurrido hasta esa fecha , en otras palabras, los que han ocurrido en los once años del gobierno de Hugo Chávez, no pierden competencia para tener conocimiento de esto la Comisión y la Corte , porque las denuncias tienen efectos hacia el futuro, no con relación al pasado y con relación a lo que hay ahora.

Aún con esta situación en contra le queda un problema; la Comisión Interamericana tiene doble rol, es órgano de la Convención Americana de 1969, y es también órgano de la OEA desde 1959, esto significa que para poderse quitar de encima la orden de la Comisión, tendría que retirarse de la OEA, pero si todavía decidiese hacer eso, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, al igual que los tratados internacionales, hacen parte del bloque de la Constitución Nacional, que se aprobó mediante referéndum en 1999 . Para que Chávez deseche la CIDH, tiene que proceder a una reforma constitucional y tendríamos que ver si puede lograr el referéndum popular que le apruebe eso.

Así que por lo pronto lo que tendremos un gobierno irrespetuoso, que no le hará caso ni a la Comisión ni a la Corte, que se comporta como un gobierno dictatorial, pero que las obligaciones que emanan de esos órganos seguirán pesando sobre el Estado venezolano, hasta el momento en que venga otro gobierno el cual tendrá que cumplir y ponerse a derechos con estas irregularidades.

¿Qué puede hacer la sociedad civil ante esta situación?

La sociedad civil sólo puede hacer lo que debe hacer en todo país que vive dictaduras y ostracismo; aprovechar los espacios de libertad mínimos que puedan encontrar, para ejercer su derecho democrático al discenso e incluso también hasta para votar.

Porque quienes somos demócratas por convicción no dejamos de practicar la democracia por el hecho de tener a un autócrata en el poder,   porque cuando uno practica la democracia, no lo hace para convencer al autócrata de nuestras convicciones, debemos practicar la democracia para que no se nos olvide nunca que nosotros somos demócratas, porque si dejamos de serlo presionado por las circunstancias no tenemos autoridad moral para poder criticar al autócrata y señalarle que él no respeta nuestras libertades .

Para el ex gobernador de Caracas, cualquier persona que ve atentado sus derechos, incluso no creyendo en la justicia , reclama ante el juez y hace lo imposible por pasar por todas las instancias , porque aquí media una pedagogía, es la única manera de enseñarle a la gente que existe un camino distinto al camino que se nos ha impuesto.

Yo creo que en el fondo, más  allá de la queja que tienen los venezolanos por esa circunstancia hay que recordar que en once años el gobierno ha ha logrado copar la totalidad de los espacios de libertades, es porque los venezolanos han vivido su lucha durante todos estos años. No se han resistido y o se han rendido.

¿Cree que finalmente podrá la oposición lograr la unión que necesita para medirse en las próximas elecciones parlamentarias?

Según como se vea, ya que en definitiva, el reclamo de la unidad perfecta entre los venezolanos en el fondo es una suerte de quimera. Quien habla de la unidad perfecta no conoce la historia venezolana. Somos una caja de gatos que en momentos trascendentales como en el Pacto de Punto Fijo, pudimos en primer lugar, reconocernos en nuestras diferencias, reconocernos en la imposibilidad de estar unidos porque cada quien toma un juego propio, pero al mismo tiempo, aceptar que para poder sobrevivir en sus diferencias necesitaban ponerle freno a la discordia del que era el estamento militar y en eso si hubo unidad. Tenemos unidad frente a lo que no queremos, pero la diversidad eso es consustancial al espíritu de los venezolanos de desde que se fundó esta república hasta el día de hoy.

Asdrúbal Aguiar Aranguren, político y abogado venezolano con master en Derecho de la Integración Económica, especialista en Comercio Internacional, profesor y catedrático en varias universidades, ensayista, escritos y columnista de prensa, ex gobernador del Distrito Federal durante el segundo período presidencial del Dr. Rafael Caldera, ex ministro de la Secretaría de la Presidencia y de relaciones Interiores. Ejerció como Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.